Asesinatos diarios, la pandemia en Colombia

Como organizaciones, plataformas, movimientos, y articulaciones nacionales, regionales e internacionales, rechazamos y denunciamos de forma enérgica los asesinatos sistemáticos y selectivos de los que son víctimas los/as compañeras/os de las organizaciones del campo y la ciudad en Colombia. Este 2020 ya se cuentan 95 líderes/zas y 24 ex-combatientes en proceso de reincorporación, sin que el gobierno colombiano ni los organismos multilaterales hagan seguimiento responsable a los asesinatos y masacres ejecutadas.

Desde el 6 de marzo, fecha de aparición del primer caso de COVID-19 en Colombia, han sido asesinados más de treinta líderes/zas sociales. Nos solidarizamos y exigimos justicia para las/os compañeras/os de las diferentes organizaciones populares colombianas. A los asesinatos se suma la constante amenaza y atentados contra dirigentes sindicales y populares en todas las regiones del país suramericano. Además del confinamiento por ocasión del COVID-19, las comunidades y sus líderes/zas se han visto expuestos/as a un recrudecimiento de la violencia en sus territorios por la presencia de distintos grupos armados, entre disidencias, paramilitares, narcotráfico y fuerza pública.

Rechazamos de la misma manera las constantes amenazas y desplazamientos de los que han sido víctimas parte de la dirigencia y las organizaciones de base campesina, indígena, sindical, de movimientos urbanos, de derechos humanos, de comunidades negras y de mujeres.

Como organizaciones y plataformas de movimientos sociales, políticos y de derechos humanos venimos denunciando la situación de vulneración intencional por parte del Estado colombiano, así como hemos exigido garantías para el ejercicio de defensa de los derechos humanos por parte de las/os líderes/zas de las organizaciones campesinas, indígenas, y comunidades negras en el hermano país andino.

Hemos sido testigos/as de la sistematicidad de la violencia ejercida en los territorios. Denunciamos que en Colombia se sufre una criminalización generalizada y con complicidad del gobierno, expresada históricamente por la connivencia de la fuerza pública con las estructuras paramilitares, las ejecuciones extrajudiciales, la criminalización de los liderazgos y la nula voluntad por parte del gobierno del derechista Iván Duque en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la Insurgencia.

Las instituciones del Estado colombiano y sus gobernantes son absolutamente responsables por su falta de compromiso con la sociedad colombiana en cumplir su mandato de construir la paz y un país con justicia social.

En contraste, las comunidades, organizaciones, procesos y movimientos que cuidan la vida en los territorios y propenden por un proyecto político emancipatorio, en el marco de la crisis humanitaria provocada por la pandemia del coronavirus vienen trabajando de manera propositiva, tal como han venido haciendo de forma permanente en su histórica lucha de resistencia, organizando redes de apoyo de soberanía alimentaria e intercambio solidario para atender las necesidades de su población, basadas en sus prácticas y saberes tradicionales y ancestrales. Sin embargo, deben enfrentar el asedio y la muerte todos los días.

Por lo anterior, exigimos que cesen los atentados y amenazas a la vida de los pueblos. El gobierno y las instituciones competentes deben brindar las garantías para la vida digna; que se implementen de manera total los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP, donde se contemplan mecanismos de acompañamiento y verificación, junto a organismos internacionales, y se diseñaron mecanismos de protección especial para las personas que han sido vulneradas en sus derechos y han sido víctimas de desplazamiento forzado; que se adelanten los necesarios procesos de paz con las demás insurgencias colombianas; y que se realice un desmonte real y efectivo de los grupos paramilitares y sus múltiples fracciones que se encuentran en operación permanente. Es tiempo de la desmilitarización de los territorios, la protección y restablecimiento de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos. En el marco de esta crisis y la vulnerabilidad de los pueblos, el Estado debe actuar con urgencia buscando soluciones para la población y estableciendo mecanismos de protección.

Hacemos un Llamamiento Internacional a todos los movimientos y organizaciones sociales, de derechos humanos, populares, ambientalistas, de trabajadoras/es, de mujeres en toda Nuestra América, y fuera de ella, a pronunciarse sobre estos hechos y adelantar acciones de verificación e investigación sobre la grave situación de los pueblos. Y a través de la denuncia exigir al gobierno colombiano que asuma su responsabilidad y compromiso con la paz en Colombia.

Enviamos toda nuestra solidaridad internacionalista a los movimientos y organizaciones colombianas.

Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo
ALBA Movimientos
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – ATALC
Central Única dos Trabalhadores – CUT Brasil
Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas – CSA
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – CLOC Vía Campesina
Grassroots Global Justice Alliance – GGJ
Jubileo Sur Américas – JSA
Marcha Mundial de las Mujeres – MMM
Movimiento de Afectadas/os por Represas en América Latina – MAR
PIT – CNT Uruguay

Vea más firmas aquí: https://seguimosenlucha.org/