Las organizaciones abajo firmantes expresamos nuestra firme solidaridad internacionalista con la sociedad civil palestina y exigimos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF) que revoquen los decretos promulgados recientemente contra seis de las organizaciones más importantes de derechos humanos de Palestina ocupada.
El 19 de octubre de 2021, el Ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dictó una ordenanza militar declarando a seis organizaciones de la sociedad civil palestina como “organizaciones terroristas». Las seis organizaciones son Addameer, al-Haq, Defensa Infantil Palestina, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas. Días más tarde, el 7 de noviembre, las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF) clasificaron a las mismas organizaciones como “no autorizadas”, lo que allana el camino para una mayor represión. Esto representa la más reciente de una ola de acusaciones infundadas del gobierno israelí contra organizaciones de derechos humanos de Palestina.
Las nuevas medidas del gobierno de Israel para criminalizar e intentar acallar a estas seis organizaciones representan una escalada peligrosa de una tendencia que vemos que está ocurriendo en todo el mundo, dirigida a organizaciones de derechos humanos y en particular a aquellas organizaciones que defienden la tierra, el agua, los territorios y el planeta.
Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado a la población palestina el acceso y control sobre sus propias tierras, aguas, territorios y bienes comunes. La ocupación es una fuente de profundas violaciones de derechos humanos y ambientales contra la población palestina, que implica contaminación, destrucción de sus medios de sustento, acaparamiento de tierras y agua, leyes de ordenamiento territorial discriminatorias, desalojos y desplazamientos forzados, violencia militar, tortura y destrucción de vidas humanas.
Las seis organizaciones criminalizadas por el gobierno israelí son parte integral del basamento de la sociedad civil palestina que ha estado protegiendo y promoviendo los derechos humanos palestinos durante décadas en torno a toda una amplia gama de asuntos de interés mundial como los derechos de las/os niñas/os, los derechos de las/os prisioneras/os, los derechos de las mujeres, los derechos socioeconómicos, los derechos de las/os trabajadoras/es agrícolas, y la justicia y rendición de cuentas por crímenes internacionales. Estos decretos representan el siguiente paso alarmante de la criminalización y los esfuerzos por silenciar a la sociedad civil palestina que se opone a la ocupación inhumana ejercida por el gobierno israelí. Las decisiones publicadas referidas a esas designaciones le otorgan al gobierno israelí la potestad de cerrar oficinas, arrestar a integrantes del personal y miembros de las organizaciones que están siendo criminalizadas/os, y a incautar bienes de las organizaciones. Las sanciones se pueden extender a quienes ayuden o estén en contacto con las organizaciones criminalizadas.
Frontline Defenders denunció hallazgos que indican que seis defensoras/es de derechos humanos de Palestina, inclusive de las ONG designadas como organizaciones terroristas, sufrieron hackeos a través de Pegasus, un software espía desarrollado por la empresa de cibervigilancia NSO Group. El software espía estuvo activo en 2020 y 2021, antes de la designación, y representa un fracaso más de las políticas de la empresa NSO en materia de derechos humanos y de la capacidad o voluntad del gobierno israelí de imponerles normas de derechos humanos a empresas que afectan profundamente la violación de los derechos de la población palestina que se organiza e incide a favor de los derechos humanos.
En conjunto, estas acciones del gobierno israelí constituyen una amenaza a la protección y seguridad de las personas integrantes de estas organizaciones, a las organizaciones mismas y al propio trabajo de promoción y protección de los derechos humanos muy importante que realizan estas organizaciones.
Esta medida injusta e infundada fue ampliamente criticada por organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo [VER A CONTINUACIÓN]. Defensoras/es de la paz, la justicia y los derechos humanos de todo el planeta exigen a Israel que revoque su decisión ilegítima y draconiana.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó en una declaración reciente:
“La prohibición de organizaciones no debe usarse para suprimir o negar el derecho a la libertad de asociación o para reprimir el disenso político, acallar opiniones impopulares o limitar las actividades pacíficas de la sociedad civil. Las autoridades nacionales responsables de prohibir a las organizaciones deben cumplir plenamente con las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, entre otras cosas respetando los principios de certeza jurídica, proporcionalidad, igualdad y no discriminación».
La Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC) es la institución agrícola más grande de Palestina y fue establecida en 1986 para mejorar la situación de las/os agricultoras/es y pescadoras/es palestinas/os. La UAWC recibió el prestigioso galardón Equator Prize en 2014 otorgado por la Agencia de Desarrollo de las Naciones Unidas por su destacado trabajo en materia de agricultura sustentable y conservación de semillas locales a través de su banco de semillas. En Cisjordania, el trabajo de la UAWC se centra principalmente en la “Zona C”, que es una zona rural que Israel tiene explícitamente pretensiones de anexar y en la que Israel ha estado acelerando su proceso de expansión de asentamientos ilegales. Cabe destacar que una semana después de la declaración de Gantz, Israel anunció planes para construir 3144 nuevas viviendas en asentamientos ilegales en Cisjordania.
El trabajo de la UAWC, así como de las otras cinco organizaciones acusadas, es clave para la construcción de un mundo justo y sustentable, libre de todos los sistemas de opresión, incluidos el patriarcado, el colonialismo, el racismo y la opresión de clase.
Como movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, nos sumamos a cientos de otras organizaciones que se han manifestado en todo el mundo para denunciar esta injusticia. Instamos a la comunidad internacional, especialmente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al gobierno de Estados Unidos, los Miembros del Parlamento Europeo y a los gobiernos europeos a:
- Denunciar todas las campañas de desprestigio contra organizaciones de la sociedad civil palestina, y ejercer presión sobre el gobierno israelí para que rescinda inmediata y completamente su designación de estas seis organizaciones palestinas de derechos humanos como supuestas “organizaciones terroristas”; y
- Emplear sus recursos diplomáticos para que el gobierno israelí rinda cuentas y respete el derecho internacional y las normas de derechos humanos y ponga fin de una vez por todas a la ocupación de los territorios palestinos por Israel, que es un Estado que viola a diario el derecho internacional sin rendir cuentas a nadie.
Queremos invitarles a todas/os a movilizarnos juntas/os el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, para denunciar esta alarmante criminalización de OSC palestinas que oponen resistencia a una política inhumana de ocupación e intentan apoyar a la población palestina para que pueda sobrevivir en estas dramáticas circunstancias.
Pueden participar sumándose a las siguientes acciones:
- Pídanle a su gobierno que se pronuncie contra esta violencia y exija que se ponga fin a las terribles injusticias perpetradas por Israel.
- Compartan ampliamente en las redes sociales fotos y videos con mensajes de solidaridad y sus demandas a los gobiernos. CAJA DE HERRAMIENTAS.
Nos manifestamos firmemente en solidaridad internacionalista con las seis ONG palestinas y el pueblo palestino y reclamamos que se ponga fin de una vez por todas a la ocupación de tierras palestinas y que cese esta violencia y criminalización ultrajantes.
Atentamente,
Amigos de la Tierra Internacional, La Vía Campesina, La Marcha Mundial de las Mujeres, FIAN International, GrassRoots International, Bizilur, CETIM.